Cartes está de salida, le queda menos de 3 meses, pero sigue reventando al pueblo, ahora, está apresurando la aprobación de la Ley de Superintendencia, es para facilitar el camino a Mario Abdo, el próximo administrador del estado empresarial.
La Ley de Superintendencia se viene preparando hace más de dos años, concretamente consiste en que todas las cajas previsionales y de jubilación, serán dirigidas, controladas y administradas por un Superintendente, éste será nombrado por el Presidente de turno. Tendrá un reglamento-estatuto que establece varias disposiciones neoliberales, es un robo legalizado a los trabajadores, es el Estado haciendo uso de sus atribuciones en beneficio del sector empresarial, y lo explicamos porque.
Éste superintendente no será trabajador, ni pobre, va a salir del Banco Central del Paraguay(BCP), tal vez un ex director, ex presidente o el mejor amigo de Mario Abdo, éstos sólo conocen las recetas que dicta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y precisamente sus recetas consisten en beneficiar al sector empresarial y/o financiero transnacional usando las recursos públicos, del pueblo. Por ejemplo pretenden elevar la edad jubilatoria en 70 años para reducir la cantidad de jubilados. Pasa que la banca internacional al dar préstamos a las naciones necesita una garantía de que va a cobrar la deuda, las cajas previsionales y de jubilación podrían cumplir este papel.
El Reglamento-Estatuto del superintendente estará por encima de los estatutos de cada caja, por ejemplo si el Superintendente dispone una resolución y la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) estuviese violada por esta resolución, lo que dispone el IPS queda invalidado, al final se aplica lo que dicta el superintendente, de hecho esto ya lo hizo Cartes cuando el IPS prestó dinero a la multinacional de telefonía TIGO, ahora buscan legalizar este robo, el IPS cuenta con unos tres mil millones de guaraníes, todo ese dinero a disposición de un superintendente dictado por el capital multinacional es dinero al servicio de la especulación, se utiliza en nuestra contra.
Otra cosa que el reglamento no contempla es la participación democrática de los trabajadores en la administración de sus fondos, según su estatuto el IPS pertenece a sus aportantes, que son los trabajadores, los empresarios y el Estado, pero el Estado nunca aportó al IPS desde su creación, la deuda del Estado es millonaria, por lo tanto el Estado no es dueño del IPS, es más está en falta y pretende robarle.
El caso de los empresarios es para discutir, porque según el estatuto los empresarios deben aportar, en general los empresarios que aportan en realidad no aportan dinero suyo, aportan el dinero producido por el trabajo de los trabajadores del cuál se apropió por ser dueño del capital. Pero la mayoría de los empresarios no aportan al IPS, incluso si el trabajador es descontado de su salario en concepto de IPS el empresario retiene el dinero y no paga, nuevamente roba al trabajador, es el caso de un montón de personas, está la experiencia de algunos choferes repartidores de coca cola que aportan al IPS desde hace 19 años pero el patrón aportó recién un total de 4 años, ¿Cómo se va a jubilar este trabajador que aportó al sistema pero su patrón le robó?. ¿Y los patrones que eluden el aporte al IPS y tienen trabajando décadas a muchas personas y no aportan nunca? ¿Qué será de estas personas? Y ni hablar de los miles de desempleadxs que no pueden acceder al sistema previsional y a una jubilación.
Esto de ahora es un golpe, porque no perjudican a uno, dos o tres, están haciendo un asalto multimillonario a los pobres y los que están robando son millonarios, ¿Dónde están los linces para atemorizar a estos verdaderos chorros?. Debemos frenar la Superintendencia y sólo se puede en las calles, los sindicatos ya están atentos, Alternativa Socialista además de apoyar esta lucha en defensa de los fondos jubilatorios llama a que avancemos hacia un sistema de seguridad social y jubilaciones más inclusivo donde acceda toda la población sin restricciones, que sea controlada y supervisada por sus trabajadores y usuarios, no por los patrones y el gobierno de patrones.
¡A las calles en defensa de los fondos jubilatorios!
Por Karlos Mareko