En defensa de los fondos jubilatorios

Cartes está de salida, le queda menos de 3 meses, pero sigue reventando al pueblo, ahora, está apresurando la aprobación de la Ley de Superintendencia, es para facilitar el camino a Mario Abdo, el próximo administrador del estado empresarial.
La Ley de Superintendencia se viene preparando hace más de dos años, concretamente consiste en que todas las cajas previsionales y de jubilación, serán dirigidas, controladas y administradas por un Superintendente, éste será nombrado por el Presidente de turno. Tendrá un reglamento-estatuto que establece varias disposiciones neoliberales, es un robo legalizado a los trabajadores, es el Estado haciendo uso de sus atribuciones en beneficio del sector empresarial, y lo explicamos porque.
Éste superintendente no será trabajador, ni pobre, va a salir del Banco Central del Paraguay(BCP), tal vez un ex director, ex presidente o el mejor amigo de Mario Abdo, éstos sólo conocen las recetas que dicta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y precisamente sus recetas consisten en beneficiar al sector empresarial y/o financiero transnacional usando las recursos públicos, del pueblo. Por ejemplo pretenden elevar la edad jubilatoria en 70 años para reducir la cantidad de jubilados. Pasa que la banca internacional al dar préstamos a las naciones necesita una garantía de que va a cobrar la deuda, las cajas previsionales y de jubilación podrían cumplir este papel.
El Reglamento-Estatuto del superintendente estará por encima de los estatutos de cada caja, por ejemplo si el Superintendente dispone una resolución y la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) estuviese violada por esta resolución, lo que dispone el IPS queda invalidado, al final se aplica lo que dicta el superintendente, de hecho esto ya lo hizo Cartes cuando el IPS prestó dinero a la multinacional de telefonía TIGO, ahora buscan legalizar este robo, el IPS cuenta con unos tres mil millones de guaraníes, todo ese dinero a disposición de un superintendente dictado por el capital multinacional es dinero al servicio de la especulación, se utiliza en nuestra contra.
Otra cosa que el reglamento no contempla es la participación democrática de los trabajadores en la administración de sus fondos, según su estatuto el IPS pertenece a sus aportantes, que son los trabajadores, los empresarios y el Estado, pero el Estado nunca aportó al IPS desde su creación, la deuda del Estado es millonaria, por lo tanto el Estado no es dueño del IPS, es más está en falta y pretende robarle.
El caso de los empresarios es para discutir, porque según el estatuto los empresarios deben aportar, en general los empresarios que aportan en realidad no aportan dinero suyo, aportan el dinero producido por el trabajo de los trabajadores del cuál se apropió por ser dueño del capital. Pero la mayoría de los empresarios no aportan al IPS, incluso si el trabajador es descontado de su salario en concepto de IPS el empresario retiene el dinero y no paga, nuevamente roba al trabajador, es el caso de un montón de personas, está la experiencia de algunos choferes repartidores de coca cola que aportan al IPS desde hace 19 años pero el patrón aportó recién un total de 4 años, ¿Cómo se va a jubilar este trabajador que aportó al sistema pero su patrón le robó?. ¿Y los patrones que eluden el aporte al IPS y tienen trabajando décadas a muchas personas y no aportan nunca? ¿Qué será de estas personas? Y ni hablar de los miles de desempleadxs que no pueden acceder al sistema previsional y a una jubilación.
Esto de ahora es un golpe, porque no perjudican a uno, dos o tres, están haciendo un asalto multimillonario a los pobres y los que están robando son millonarios, ¿Dónde están los linces para atemorizar a estos verdaderos chorros?. Debemos frenar la Superintendencia y sólo se puede en las calles, los sindicatos ya están atentos, Alternativa Socialista además de apoyar esta lucha en defensa de los fondos jubilatorios llama a que avancemos hacia un sistema de seguridad social y jubilaciones más inclusivo donde acceda toda la población sin restricciones, que sea controlada y supervisada por sus trabajadores y usuarios, no por los patrones y el gobierno de patrones.

¡A las calles en defensa de los fondos jubilatorios!

Por Karlos Mareko

Persecución política contra activistas en la Chacarita

Destruyeron casa de activistas que resisten ante el desalojo.
Se trata de una señora apodada “Ña Rubita” quien se
apersono a la casa de dos vecinos del barrio 12 de Junio de la chacarita y sacó los techos y las paredes de la vivienda, incluso manifestó contar con el permiso de la SENAVITAT, se trata de una persecución política que viene del propio estado y el sector empresarial, ya que esta señora es protegida por directivos de ministerios, secretarías del estado, la misma también había afirmado recibir “incentivos” de parte de un Ingeniero de las obras para lograr que algunas familias abandonen sus hogares.
No es la primera vez que activistas y vecinos que viven en la chaca son amedrentados, en ocasiones anteriores aparecían en sus casas cuchilleros con la intención de intimidar o incluso llegar a más, esta vez no se trató de cuchilleros, si no de la misma que se confabula con el gobierno, la municipalidad y las empresas constructoras para que siga la expulsión de chacariteñxs de sus viviendas.

La lucha por la tierra en la Chaca.
El gobierno no pretende ceder, la ampliación de la costanera es un proyecto fundamental para el “desarrollo” de la ciudad, los intereses empresariales detrás de esas obras se evalúan en millones de dólares, las familias pobres y con casas precarias allí son un problema para el plan del gobierno, por eso los quieren expulsar, algunas familias fueron engañadas y quedaron sin casa, otras fueron al gueto San Francisco (algunas incluso ya volvieron), pero existe un sector que resiste, hacen asambleas populares donde participan lxs vecinxs e incluso hay asambleas interbarriales, participan niñxs, jóvenes, madres, padres y ancianxs, sus medidas consisten en paralizar las obras (de hecho desde el 21 de abril hasta hoy siguen paralizadas y ante cualquier intento de seguir lxs vecinxs asisten furiosxs a detener las máquinas), esporádicos cortes de calle y difusión de la lucha. Las negociaciones con el Ministerio de Obras Públicas han fracasado, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) y la Municipalidad de Asunción sólo están interesados en que las obras avancen, no les importa el problema de vivienda de los pobladores de los barrios afectados.

No a la persecución de quienes luchan! Viviendas para el pueblo!
Estas agresiones demuestran la desesperación del gobierno, son peligrosas, ponen en riesgo la integridad de quienes resisten en la chaca, exigimos que ministerios, secretarías, empresas y la municipalidad atiendan las exigencias de lxs vecinxs, que escuchen las asambleas. Alternativa Socialista cuenta con un programa que tiene una salida al problema habitacional, apostamos por una política de viviendas real para la población, con casas adecuadas para cada tipo de familia, que se respeten sus formas de vida, con acceso a todos los servicios necesarios, acceso a trabajo digno, sin mecanismos de control social, los mismos pobladores pueden construir sus viviendas con un mínimo de capacitación y socialización de los materiales de construcción, se trata más que nada de voluntad política, que no vendrá de ningún gobierno empresarial, por ello es necesario que los trabajadores y las trabajadoras tomemos conciencia de la posibilidad de que todxs contemos con vivienda digna y luchemos por ella.