Buscan aprobar pacto Cartes-Macri sobre Yacyreta

Luego de 9 meses de ocultamiento de la Nota Reversal 2/17 (N.R.2/17) que entre otras cosas trata el reordenamiento financiero de Yacyreta, sectores del oficialismo buscan su aprobación en el parlamento, el pacto constituye un nuevo acto de entrega.
Actualmente Yacyreta se rige por la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, este acuerdo en realidad fue rechazado por el parlamento paraguayo por la enorme desventaja del estado paraguayo, pero a pesar de tal rechazo y las críticas el acuerdo sigue vigente.

El acuerdo de Yacyreta venció en marzo del 2014, recién en mayo del 2017 Macri y Cartes pudieron llegar a un acuerdo y firmaron el “Acta de Entendimiento”. En base a este pacto entre ambos gobiernos los cancilleres Loizaga/ Faurie firmaron en Asunción en setiembre del 2017 la Nota Reversal 2/17 que modifica varios puntos fundamentales del acuerdo sobre Yacyreta.

Tras 9 meses aparece la N.R.2/17

Debido a que nuevamente constituye un acto de entrega total de las riquezas del país, Cartes ordenó que no se presentara ante el parlamento la N.R.2/17, recién hace unas semanas fue presentado y será tratado el martes 26 por los senadores. De hecho que aunque acá fuese rechazada igual podría implementarse tal acuerdo, así como sucedió en el 92´debido a que en Argentina el acuerdo no necesita ser aprobado por el congreso.

El acuerdo incluye el pago de una deuda de 4.084 millones de dólares a pesar de que en realidad no existe ninguna deuda y en caso de existir los costos deben corresponder a cada país de acuerdo a la energía utilizada por cada estado, es decir 95% Argentina y 5% Paraguay, esta deuda se pagará durante 30 años, tiempo que regirá el acuerdo. También se ajustó en un 20% la compensación por la energía cedida de Paraguay a Argentina. La compensación por territorio inundado corresponde en un 80% a territorio paraguayo mientras que un 20% a territorio argentino, según expertos estas mediciones deberían de rehacerse debido a que están desactualizadas. Lo más grave es que este acuerdo contempla la construcción de la Nueva Central Aña Cua, aunque por ahora lo maquillan como un “reforzamiento” para Yacyreta, esta nueva construcción tendría un costo de US$ 610 millones, costo que está incluido en el precio de la energía eléctrica.

Abajo el pacto Cartes/Macri

Se trata de un “reordenamiento financiero” en donde nuevamente el pueblo paraguayo queda como el peor perjudicado, tampoco los beneficiados de tal acuerdo son el pueblo argentino, este artículo está lejos de hacer apología a un patriotismo barato, pero si busca demostrar la facilidad con la que el gobierno nacional se entrega a los intereses externos sin ninguna preocupación por la población paraguaya. En realidad los grandes triunfadores de estos acuerdos son las constructoras transnacionales, las empresas capitalistas y los gobiernos que disponen de millones de dólares para mantener sus redes de corrupción e incluso financiar la represión a las luchas.

Ningún trabajador/a ni campesinx será beneficiado por el nuevo acuerdo, mucho menos la construcción del Aña Cua nos encamina hacia un desarrollo nacional, es más bien una acción de entrega de las riquezas nacionales así como implicaría más destrucción medioambiental e inundaciones de territorios paraguayo y argentino.

Yacyreta para la clase trabajadora

El pago de la deuda es un atentado contra la clase trabajadora, el campesinado, la juventud y las mujeres, hace días veíamos la foto una criatura de pocos años internada encima de una silla en un hospital del Instituto de Previsión Social, la deuda no debe ser pagada y ese dinero debe ir a beneficio de la sociedad completa.
Debemos empezar por quebrar todos los acuerdos y pactos firmados por los gobiernos capitalistas, suspender toda construcción que destruya el medio ambiente y también evitar más inundaciones. No al pago de la deuda. Que Yacyreta sea controlada por la clase trabajadora y todxs sus usuarixs. Desmantelamiento de todas las redes corruptas. Que los beneficios de Yacyreta sean invertidos en Salud, Educación y para impulsar la industrialización del Paraguay.

Carlos Mareco

Persecución política desde la Facultad de Derecho.

En la tranquilidad del frío junino los estudiantes nos hemos enterado de que se abrió un Sumario Administrativo en contra de unos 20 de nosotrxs, esto es impulsado por militantes del Partido Colorado en complicidad con el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, es un nuevo intento de atemorizar a quienes se organizan por una mejor educación, engrosa los antecendentes de criminalización de la lucha.

¿Por qué el conflicto?

La facultad de Derecho es en realidad una escuela de formación para los jueces, abogados y notarios funcionales al poder político de los colorados, tanto los directivos como quienes siempre ganan el centro de estudiantes comprueban esto, sino, miremos las elecciones en las que triunfo Ale Vera (hija de un ministro de la SENAD) en 2017 sorteando vehículos, viajes y repartiendo bebidas alcohólicas.

La “Escuelita” es una anexión más a esta gran escuela colorada, por ende no contamos con presupuesto propio y el dinero presupuestado para la investigación científica es desviado a no sabemos dónde, quienes accedemos a esta casa de estudio pretendemos la desanexión de las carreras de Sociología y Politología de la Facultad de Derecho para que posteriormente conquistemos la creación de una Facultad de Ciencias Sociales. Esta lucha tiene años, muchos años.

Antecedentes más recientes.

El año pasado los estudiantes democráticos nos habíamos aglutinado en un movimiento llamado Renovemos para disputar por el centro de estudiantes de la Escuelita, nos prohibieron votar a más de 50 activistas y tras agotar las instancias legales recurrimos a la ocupación de nuestra Escuela exigiendo en un primer momento elecciones transparentes y al no darse exigimos la Desanexión de nuestras carreras, al final los colorados se quedaron con el Centro Estudiantil y durante 18 días atacaron la ocupación con bombas, palos, patotas pagadas y la policía. Existen fotografías y videos de los hechos vandálicos.
A pesar de que fueron ellos quienes siempre amedrentaron nuestra medida de protesta, en múltiples ocasiones nos denunciaron ante la fiscalía sin pruebas, también dos estudiantes fueron citados en diciembre del 2017 a declarar ante un Juez de Instrucción por un sumario abierto “innominal”, pero tampoco pasó a mayores. Las denuncias en realidad no prosperaban debido a que no fuimos derrotados, nuestra lucha sigue abierta.

Todo parecía tranquilo, andamos de exámenes estudiando y otrxs están preparando para presentar sus tesis de graduación. Pero ahora vienen con esto, es claro que lo que buscan es asustarnos, el gobierno ya imputó a secundarixs, también lxs chicxs de la Universidad Católica están con problemas judiciales. Esto se llama criminalización de la protesta social, nos tratan como a criminales cuando los criminales son ellos, ¿Dónde está el dinero para los centros de investigación? ¿Porque tenemos docentes que no concursaron a sus cargos sino que fueron ubicados por amiguismo? ¿Podemos aprender con docentes Stronistas? En realidad también demuestra que están con miedo y preocupados porque nuestra victoria es inminente, al mismo tiempo la asunción de Mario Abdo Benítez envalentona a los activistas colorados, pero no nos encontrarán dormidxs.

El nuevo Estatuto de la UNA

Sólo para tenerlo en cuenta, están aprobando un nuevo estatuto, autoritario y stronista, coartan derechos democráticos que incluso están consagrados en la Constitución burguesa, este estatuto cuenta con un Reglamento Disciplinario que permite un control de los directivos e incluso de docentes sobre los estudiantes, sin darnos la posibilidad de cuestionar irregularidades. De aprobarse sería un retroceso tras el Una No Te Calles, también envalentonaría a todos los adherentes al stronismo y al partido colorado, perpetuando la corrupción, el despilfarro de dinero público y una educación que sirve para los negocios capitalistas.

Por nuestra parte, los estudiantes que adherimos a Alternativa Socialista manifestamos no tener miedo, daremos pelea a la criminalización de la lucha. Exigimos que se anulen las denuncias, sumarios e imputaciones contra quienes luchan. Llamamos a todo el gremio estudiantil democrático a estar en alerta, es necesario que nos reagrupemos todos los movimientos e individualidades de todas las universidades y los colegios para organizar la resistencia. Estaremos en la primera línea defendiendo nuestros derechos e iremos por más.

¡Contra la criminalización de la protesta!

¡Por una Facultad de Ciencias Sociales!

¡Por una Educación Pública, Gratuita y de Calidad!